Dahrendorf Dagobah

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Ralf Dahrendorf e a legitimidade democrática

Dois artigos importantes de Ralf Dahrendorf (de 2004 e 2005) que servem de referência para a compreensão dos critérios da legitimidade democrática.

Ralf Dahrendorf (1929-2009), was the author of numerous acclaimed books and a European Commissioner from Germany, member of the British House of Lords, Director of the London School of Economics, and Warden of St. Antony’s College, Oxford.

Democracia sin demócratas

Por Ralf Dahrendorf Para LA NACION, 24 DE ENERO DE 2004

El filósofo Karl Popper tenía razones de sobra para proponer una definición precisa de la democracia como “un medio incruento para destituir a quienes estén en el poder”. Desde luego, su método preferido era la urna electoral.

Esta definición evita las disputas teológicas en torno a la “soberanía del pueblo” y la posibilidad o imposibilidad, de su existencia real. También nos ahorra el trabajo de intentar meter en ella toda clase de objetivos deseables, tales como la igualdad social y la tecnológica, una teoría general del proceso concreto de “democratización” o incluso un conjunto de virtudes cívicas participativas.

Sin embargo, ella no nos ayuda a resolver un interrogante que ya es cosa común en muchas partes del mundo: ¿y si aquellos a quienes separamos del poder creen en la democracia, pero sus reemplazantes no? En otras palabras: ¿qué pasaría si eligiéramos a las personas “inadecuadas”?

Los líderes del peligro

Los ejemplos no escasean. En estos últimos años, les ha ido muy bien a algunos partidos europeos de dudosos antecedentes democráticos. La lista de sus líderes es larga: Jšrg Heider, en Austria; Christoph Blocher, en Suiza; Umberto Bossi, en Italia; Jean-Marie Le Pen, en Francia… En el mejor de los casos, los triunfos electorales de esos grupos dificultan la formación de gobiernos responsables. En el peor, presagian movimientos de activistas antidemocráticos capaces de conseguir una mayoría por la vía electoral.

Esto ha sucedido o sucede en no pocos lugares del mundo. Se destacan dos ejemplos recientes. Uno es el de los países poscomunistas de Europa oriental y sudoriental. Sorprende ver cuántos de ellos han elegido a miembros de la antigua nomenklatura presentados con otro disfraz. Hoy, el caso más extremo es Serbia, donde gran parte del electorado votó a hombres que son juzgados en La Haya por crímenes de guerra.

El otro ejemplo es Irak y la posibilidad de que el sueño norteamericano de llevar la democracia a ese país convulsionado desemboque en el ascenso al poder de un movimiento fundamentalista, elegido por sus ciudadanos.

El solo pensar en esos ejemplos nos lleva a la conclusión obvia de que la democracia va más allá de las elecciones. Por supuesto, de hecho, sus precursores la concebían de manera muy amplia. John Stuart Mill incluía la “nacionalidad”, o sea, la existencia de una sociedad cohesiva delimitada por fronteras nacionales, entre los requisitos para acceder a la democracia. Otro era la capacidad y el deseo de los ciudadanos de rumiar su voto. En nuestros días, esas virtudes ya no se dan por sentadas. Probablemente, sólo las practicaba una minoría aun en la época en que Mill escribió su tratado sobre el gobierno representativo.

Hoy, la democracia tiene que significar “elecciones y algo más”. ¿Pero qué?

Tal vez haya algunas medidas técnicas viables, como prohibir a los partidos y candidatos que hagan campañas contra la democracia, o cuyas credenciales democráticas sean endebles. Esto dio resultado en la Alemania de posguerra, pero los recuerdos traumáticos del régimen nazi y la relativa debilidad de los movimientos antidemocráticos coadyuvaron a ello. Turquía bien podría ser un ejemplo más pertinente. Allí, la Justicia disolvió los movimientos islamistas; cuando éstos reaparecieron con otro ropaje, tuvieron que someterse a pruebas rigurosas.

Aun así, los problemas saltan a la vista. ¿Quién juzga la elegibilidad de los candidatos? ¿Cómo se hacen cumplir sus fallos? ¿Y si un movimiento antidemocrático provoca tal marejada de adhesiones, que su supresión desencadenaría la violencia?

Hasta cierto punto quizá sea mejor darles una oportunidad de gobernar con la esperanza de que fracasen, como lo han hecho la mayoría de los actuales grupos europeos antidemocráticos, aunque también sería peligroso. Cuando Hitler llegó al poder, en enero de 1933, muchos alemanes democráticos, o acaso la mayoría, pensaron: “¡Déjenlo! Pronto quedará en evidencia lo que es y, sobre todo, lo que no es”. Pero el tiempo es relativo: ese “pronto” significó doce años de régimen, una guerra salvaje y el Holocausto.

Por tanto, los ciudadanos activos partidarios del sistema liberal deben protegerlo. Sin embargo, hay otro elemento más importante que es preciso defender: el imperio de la ley. No es sinónimo de democracia, ni se garantizan siempre en forma recíproca. El imperio de la ley, es aceptar que leyes dictadas no por alguna autoridad suprema, sino por la ciudadanía; rigen para todos: el gobierno, la oposición y los que no participan en el juego del poder.

El imperio de la ley es el punto más fuerte de la Turquía actual. Ha sido, y con razón, el objetivo primordial de Paddy Ashdown, alto representante de las Naciones Unidas para Bosnia y Herzegovina. Hay que defenderlo. Las llamadas “leyes de excepción”, que lo suspenden, constituyen la primera arma de los dictadores. Claro que resulta más difícil valerse del imperio de la ley para socavarlo que usar las elecciones populares contra la democracia.

Así pues, “elecciones y algo más” debe significar democracia más el imperio de la ley. A riesgo de ofender a muchos amigos democráticos, admito haber llegado a la conclusión de que cuando se introduce el constitucionalismo en un país que ha salido de una dictadura, el imperio de la ley debería preceder a la democracia. Los jueces independientes e incorruptibles son aún más influyentes que los políticos elegidos por mayorías masivas. ¡Dichosas las naciones dotadas de tales jueces y políticos que, además, los alientan y protegen!

© Project Syndicate/Institute for Human Sciences y LA NACION

El autor fue rector de la London School of Economics y director del St. Anthony´s College, en Oxford; actualmente integra la Cámara de los Lores.

(Traducción de Zoraida J. Valcárcel)

 

Legitimidad y elecciones

Por Ralf Dahrendorf, Project Syndicate, Jan 12 2005

Finalmente, Ucrania tiene un gobierno legítimo. ¿Lo es? Viktor Yushchenko ha sido elegido con un 52% del voto popular. Su oponente recibió el 44%. Los observadores confirman que las infracciones a las leyes electorales fueron muy poco significativas. Sin embargo, persisten las interrogantes. El candidato derrotado, Viktor Yanukovich, impugna el resultado. El país está profundamente dividido. ¿Comenzarán los mineros de Donetsk la próxima revolución, esta vez de rojo frente al naranja de las protestas iniciadas por los partidarios de Yushchenko contra la elección original y su resultado claramente ilegítimo? ¿Habrá un movimiento de secesión en el este de Ucrania?

La legitimidad es un elemento delicado y, sin embargo, de la mayor importancia para la existencia de sistemas políticos democráticos y estables. También es complicada. ¿Fue George W. Bush el Presidente de los Estados Unidos legítimamente electo en su primer periodo, habiendo asumido el cargo sólo después de que la Corte Suprema de EE.UU. dictaminara el fin del recuento en Florida y obteniendo sólo una minoría de los votos a nivel nacional? ¿Son legítimamente electos los presidentes de algunas ex repúblicas soviéticas que parecen lograr el 90% del voto popular? ¿Serán vistas como legítimas las elecciones programadas en Irak, tanto interna como externamente?

Es vital recordar que las elecciones por si solas no garantizan la legitimidad, incluso si son vistas como libres y justas. A los estadounidenses les cuesta comprender esto, como les ocurre a otros en las afortunadas democracias del mundo anglosajón. Para ellos, la legitimidad simplemente significa que la votación y el recuento de los votos se realicen según reglas indiscutibles. Lo que es legal, piensan, también es legítimo.

No obstante, hay muchos en el mundo para quienes hay otros dos problemas sobre la mesa. Primero, la participación electoral es crucial: quién ha votado y quién no. La segunda interrogante es si persiste una oposición al resultado que sea sistemática y potencialmente violenta.

El punto acerca del primer periodo de George W. Bush fue que, a pesar de los refunfuños y una constante y ruidosa oposición, en general se aceptó el resultado de las elecciones de 2000. O pensemos en la “arrasadora victoria” de Tony Blair en 2001, cuando los laboristas obtuvieron el 40% de los votos en unas elecciones con una participación electoral del 60%. De hecho, el 25% del electorado total dio a Blair cerca de dos tercios de las bancas de la Cámara de los Comunes. ¿Dudó alguien de la legitimidad del resultado? No en Gran Bretaña, ni entre ninguno de sus aliados.

Pero no hay muchos países en donde algo así podría pasar. En la mayoría de las demás naciones se exigiría, como mínimo, un gobierno de coalición para reflejar la diversidad de visiones existente. La legitimidad dada por una elección es particularmente problemática en países donde existe lo que se podría llamar “minorías endémicas”.

En Canadá, por ejemplo, sería riesgoso pasar por alto los intereses especiales de Québec. En Ucrania, los intereses divergentes del este y el oeste del país tienen que ser reconocidos para que se pueda alcanzar la legitimidad. En Irak, una mayoría técnica en unas elecciones completamente legales casi no tiene significación si no se reconoce explícitamente la posición de los musulmanes sunitas o la de los kurdos. Por lo tanto, las potencias ocupantes tienen razón al estar inquietas acerca de una elección en que una abstención masiva de los sunitas pueda generar una gran mayoría chiíta.

Así las cosas, la legitimidad es un concepto que va más allá de la noción de legalidad. Depende de los que las personas afectadas consideren como real. Como mínimo, debe haber ausencia de una oposición violenta, incluida la amenaza de secesión.

En los países occidentales, particularmente en EE.UU., la gente tiende a dar por supuestas demasiadas cosas cuando se trata de llevar la democracia (con el significado principal de realizar elecciones) a otros pueblos. En particular, suponemos un electorado esencialmente homogéneo, de modo que incluso una baja participación electoral no implica una desventaja para grupos étnicos o culturales específicos. También suponemos la aceptación automática de reglas que, de hecho, demoraron mucho tiempo en echar raíces, incluso en los Estados Unidos.

Sin legitimidad, ningún sistema político puede lograr estabilidad y sin elecciones (es decir, sin una expresión explícita del consentimiento popular hacia quienes detentan el poder) no puede haber legitimidad. Pero si bien las elecciones libres son una condición necesaria para la legitimidad, están lejos de ser suficientes para garantizarla. Las disposiciones constitucionales deben garantizar un lugar en las instituciones políticas de los países a todos los grupos presentes en ellos. Es igualmente imperativo establecer el imperio de la ley, ejercido por un poder judicial independiente y respetado.

Debemos tener en cuenta esto en momentos en que tratamos de alcanzar el esquivo objetivo de la democracia en Irak, de manera que no nos tome por sorpresa la posibilidad de que las próximas elecciones no logren generar un gobierno legítimo.


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